Oleada de incendios azotan España bajo la sombra de la corrupción
Las comunidades autónomas en el punto de mira
España está siendo azotada en agosto de 2025 por la mayor ola de incendios forestales registrada en la historia reciente, con incendios activos en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. La magnitud de las llamas ha obligado a evacuar a miles de personas, ha destruido cientos de miles de hectáreas de bosque y ha colapsado infraestructuras de transporte, como la suspensión de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia y el cierre de numerosas carreteras, mientras la temperatura y el viento propagan el fuego a una velocidad inusitada. La extinción y gestión forestal dependen de las comunidades autónomas, responsables de planificar, equipar y contratar los servicios de prevención y extinción, mientras la Administración General del Estado actúa como coordinadora y suministra apoyos extraordinarios, como las BRIF y aeronaves, cuando se solicita. Este reparto de competencias, sumado a la urgencia de la emergencia, ha derivado históricamente en contratos de emergencia sin licitación ordinaria, dejando espacio a prácticas discrecionales y, en algunos casos, corrupción. Sindicatos han denunciado jornadas de trabajo extremas, con cuadrillas sometidas a turnos de hasta 21 horas y escasez de medios materiales y humanos, un patrón que se repite campaña tras campaña.
Un ejemplo paradigmático de corrupción es el llamado “cártel del fuego”, un entramado de empresas que manipuló durante años los concursos públicos de extinción de incendios. En febrero de 2025, la Audiencia Nacional dictó sentencia firme imponiendo penas de seis meses a dos años y medio de prisión a una docena de encausados, incluyendo a un alto cargo estatal de la Comunidad Valenciana, y aplicó por primera vez la “excusa absolutoria” a denunciantes que colaboraron para desmantelar la organización. Además, varias empresas fueron temporalmente inhabilitadas para contratar con el sector público. Este caso demuestra que los contratos de emergencia en la extinción de incendios pueden convertirse en un mercado capturable por cárteles y relaciones político-empresariales.
La historia española ofrece antecedentes que muestran cómo grandes incendios pueden coincidir con recalificaciones de suelo. En 1992, un incendio devastó la Sierra Cortina en Benidorm. Años después, la Generalitat creó la sociedad pública SPTCV y declaró de interés autonómico el proyecto del parque temático Terra Mítica, facilitando expropiaciones y desarrollos urbanísticos sobre terreno forestal previamente quemado. Aunque la intencionalidad del incendio nunca se probó judicialmente, el encadenamiento fuego, declaración de interés y transformación del suelo quedó documentado. Terra Mítica abrió en 2000 tras inversiones sobredimensionadas, atravesó suspensión de pagos en 2004 y 2006 con deudas cercanas a 100 millones de euros, tuvo que devolver parte de ayudas europeas por irregularidades y años después se produjeron condenas por facturas falsas, confirmadas por el Tribunal Supremo en 2019. En 2012, el parque se vendió parcialmente a Aqualandia, con un coste al erario superior a 350–400 millones de euros, y aunque cerró temporalmente en 2020 por COVID-19, reabrió en 2021, evidenciando cómo grandes incendios pueden preceder a transformaciones urbanísticas y fraudes financieros ligados a proyectos declarados de interés público.
La Ley de Montes prohíbe cambiar el uso de un terreno forestal quemado durante treinta años y veta actividades que impidan su regeneración. Sin embargo, establece excepciones: cuando el cambio estaba previsto en planeamiento aprobado o en trámite, para usos agroforestales extensivos, y la más polémica, por “razones imperiosas de interés público de primer orden” aprobadas por ley, siempre que se compense con la reposición de superficie forestal equivalente. Estas rendijas normativas han sido criticadas por ecologistas y prensa especializada, porque permiten, con voluntad política y mayoría parlamentaria, recalificaciones que facilitan desarrollos turísticos, energéticos o urbanos sobre suelo quemado.
El funcionamiento del llamado “negocio del fuego” sigue un patrón reconocible: un incendio de gran magnitud activa contratos de emergencia que pueden ser inflados o repartidos entre empresas afines, como probó el “cártel del fuego”; a continuación, el suelo afectado, si se encuadra en planeamiento previo o mediante una ley ad hoc, puede ser recalificado antes de los treinta años de protección; con ello, surgen oportunidades de proyectos que antes eran inviables. No todos los casos son irregulares, pero los incentivos existen y han derivado en condenas y desfalcos históricos.
Para evitar que el fuego se convierta en negocio, es imprescindible cerrar las excepciones legales a la recalificación de suelos quemados, exigir mayorías cualificadas y evaluaciones independientes, establecer compensaciones medibles y garantizar la transparencia absoluta en contratos de emergencia, con publicación inmediata de importes, precios por hora, aeronaves y subcontratas, y auditoría ex post obligatoria. Además, se deben imponer cláusulas anticolusión y listas negras efectivas para empresas sancionadas, y profesionalizar las cuadrillas de extinción asegurando ratios mínimas, descansos garantizados y refuerzos estables de prevención, para que jornadas de 21 horas no sean la norma.
Los hechos son claros: España enfrenta incendios sin precedentes en 2025, hay sentencias que prueban amaños en la contratación de la extinción, existen antecedentes históricos de incendios que precedieron a recalificaciones y macroproyectos, y el marco legal actual, aunque protege, deja rendijas que requieren cierre inmediato. Solo mediante profesionalización, transparencia y control estricto se puede garantizar que el fuego deje de ser un negocio y se convierta exclusivamente en un desafío de gestión y protección del monte.
Compartir en X