Magistrados ponen en jaque el auto judicial contra el Fiscal General del Estado
Javier Pérez Royo apunta prevaricación contra Álvaro García Ortiz
El Fiscal General del Estado será llevado próximamente al banquillo, una acción que, desde mi perspectiva, constituye una tropelía, un escándalo y una injusticia profunda. Este episodio no solo afecta la dignidad de una de las instituciones claves de nuestro sistema judicial, sino que también pone en evidencia una estrategia política oscura que puede calificarse como lawfare.
En el programa Malas Lenguas, el reconocido jurista Javier Pérez Royo fue tajante al afirmar: “El fiscal general no debe ser cesado ni destituido; puede dimitir si así lo decide, pero no está obligado. El auto del juez, en mi opinión, constituye una prevaricación. Lo han hecho jueces del Supremo”. Estas palabras ponen en tela de juicio la legitimidad del procedimiento y sugieren que estamos ante una interferencia injustificada y arbitraria por parte del Poder Judicial.
Por su parte, el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, declaró en el programa Mañaneros 360: “Solo hay que leer el auto. El juez lanza la piedra y esconde la mano. Entra en la Fiscalía como si fuera una cueva de narcotraficantes. Está manejando material muy sensible. Esto no es una cuestión penal, sino política. No debe dimitir”. Con esta frase, Martín Pallín resalta que la causa que se esgrime para atacar al Fiscal es, en realidad, un acto de persecución política bajo la fachada de una causa judicial.
Martín Pallín también recordó la importancia de revisar los hechos con perspectiva y contextualización: la Agencia Tributaria realizó más de 36,000 inspecciones, y una de ellas fue la que motivó esta controversia. Además, el propio asesor fiscal implicado admitió la situación, señalando la necesidad de “resignarse e ir a juicio”, algo que sucede en la mayoría de los casos. Existe además un protocolo, firmado en 2009 por la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, que regula cómo actuar en estas situaciones, dejando claro que es el abogado quien debe tomar la iniciativa en estos procedimientos.
Este caso, sin embargo, trasciende lo técnico para posicionarse en el terreno del lawfare, una táctica que consiste en utilizar el sistema legal y judicial como un arma política para atacar adversarios y desacreditar instituciones. La próxima citación y posible destitución del Fiscal General, una figura clave en la defensa del Estado de derecho, se convierte así en una maniobra que debilita la independencia judicial y pone en riesgo el equilibrio democrático.
La Fiscalía General no debe ser presa de intereses políticos ni utilizada como un peón en el tablero de luchas partidistas. Este ataque desmedido, sin base jurídica sólida y plagado de irregularidades, es un escándalo que exige reflexión y rechazo contundente de la sociedad.
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