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Axaragua a los tribunales: 249.768,35 € en pagos sin justificar entre 2017 y 2020

Axaragua a los tribunales: 249.768,35 € en pagos sin justificar entre 2017 y 2020

Denuncian pagos de unos 250.000 euros sin justificar de 2017 a 2020 en Axaragua

Axarquía - Vélez-Málaga, miércoles 24, abril, 2024
El escándalo que envuelve Axaragua, ha alcanzado un nuevo nivel con la presentación del caso ante los tribunales. La Junta General de la Empresa de Aguas y Saneamiento de la Axarquía, Axaragua, ha llevado el caso a los tribunales pagos supuestamente sin justificar realizados por la sociedad durante el periodo de 2017 a 2020 años de presidencia del Partido Socialista Obrero Español, una vez finalizado el expediente incoado y tras aprobar por unanimidad exigir responsabilidades judiciales.

La decisión de llevar el caso a los tribunales se tomó tras la conclusión de un exhaustivo expediente incoado por la junta, el cual arrojó resultados alarmantes. La gravedad de la situación fue tan evidente que los miembros de la junta, decidieron por unanimidad que era necesario buscar responsabilidades judiciales.

Los detalles adicionales revelan la magnitud del presunto mal uso de fondos públicos en el caso de Axaragua. Según la investigación en curso, la cantidad pendiente de justificar asciende a la alarmante cifra de 249.768,35 euros. Estos fondos están relacionados con pagos realizados desde la sociedad Axaragua, la cual pertenece en su totalidad a la Mancomunidad Axarquía.

Lo preocupante es que estos pagos supuestamente se hicieron a cuenta del canon que Axaragua está obligada a abonar a la Mancomunidad. Sin embargo, a pesar de su antigüedad, correspondiente al período comprendido entre 2017 y 2020, estos pagos "constan sin justificar", según las declaraciones oficiales.

Esta falta de justificación plantea serias dudas sobre la legalidad y la transparencia en la gestión de los recursos públicos en la región. La pregunta inevitable es: ¿cómo es posible que una cantidad tan significativa de dinero haya sido gastada sin un registro adecuado de su destino final?

El informe del interventor arroja luz sobre una práctica contable que ha estado en vigor hasta el año 2020 y que ahora está bajo escrutinio. Según el informe, una empresa auditora identificó en su informe del año 2022 una deuda de la Mancomunidad de la Axarquía con la empresa Axaragua, la cual estaba registrada en una cuenta denominada 'A cuenta canon de Mancomunidad'.

Ante esta situación, se inició una investigación que implicó solicitar información tanto a los servicios de contabilidad de la empresa como a los consejeros delegados. La investigación reveló que estos pagos correspondían a suministros o servicios realizados por la empresa Axaragua a la Mancomunidad, los cuales eran posteriormente compensados descontándolos del canon anual que la empresa transfería a la Mancomunidad.

Es importante destacar que esta práctica era habitual hasta el año 2020, momento en el que se suspendió dicho procedimiento. Esta revelación plantea interrogantes sobre la transparencia en la gestión de los recursos y la contabilidad de ambas entidades involucradas. La suspensión de esta práctica sugiere un reconocimiento implícito de su cuestionable naturaleza y la necesidad de revisar los procesos contables y de gestión en profundidad.

Los detalles proporcionados en el informe del interventor subrayan la complejidad del caso y la importancia de una investigación exhaustiva para determinar la legalidad y la ética de las prácticas financieras involucradas.

De igual manera, el informe destaca que "los pagos realizados mediante transferencias bancarias no estaban justificados documentalmente". Ante esta situación, la Intervención, siguiendo la solicitud del anterior presidente, instó a regularizar la contabilización de dichos pagos. Se requería que se incorporaran las facturas o documentos que acreditaran la realización del suministro o la prestación del servicio correspondiente.

Para abordar esta cuestión, se llevaron a cabo numerosas reuniones con el personal responsable de los servicios de contabilidad y con el consejero delegado, José María Jiménez. En estas reuniones, el señor Jiménez se comprometió personalmente a proporcionar toda la documentación necesaria para justificar los pagos realizados. Este compromiso por parte de la dirección de la empresa es un paso crucial hacia la transparencia y la rendición de cuentas.

La voluntad de colaborar expresada por el consejero delegado es un indicio positivo de que se está tomando en serio la necesidad de documentar y justificar adecuadamente todos los pagos efectuados por la empresa. Sin embargo, queda por ver si esta promesa se traducirá en acciones concretas y en la presentación efectiva de la documentación requerida.

Del mismo modo, otro informe detalla que "la única identificación del perceptor es la que viene en el propio documento bancario y la que puso la persona que realizó la transferencia en el concepto de la misma", constituyendo esta la única documentación disponible en el servicio de contabilidad.

Además, se subraya que "las únicas personas responsables en esta empresa, con autoridad en las entidades financieras con firma y apoderamiento, eran el vicepresidente y el consejero delegado de ese momento", dejando claro que ningún trabajador o empleado de la empresa tenía esa facultad.

En relación con el procedimiento seguido en los pagos, se apunta que "se han realizado al margen del Departamento de Administración y del de Compras y Contratación", lo que implica una omisión de los procedimientos establecidos por la empresa para garantizar la transparencia y la legalidad en las transacciones financieras.

Estas revelaciones añaden una capa adicional de preocupación sobre la gestión financiera y administrativa de la empresa. La falta de documentación adecuada, la concentración de autoridad en un reducido número de personas y el incumplimiento de los procedimientos establecidos son indicios de posibles irregularidades que requieren una investigación exhaustiva y medidas correctivas inmediatas.

De igual manera, las conclusiones del informe enfatizan que "los pagos pendientes de justificar" efectuados en el mencionado período "se realizaron al margen del procedimiento que estaba en vigor", lo que indica un desvío de los protocolos establecidos.

Además, se destaca que estos pagos se encontraban "sin justificar documentalmente la contraprestación de los mismos, así como sin identificar claramente sus perceptores". Esta falta de documentación adecuada y de claridad en la identificación de los beneficiarios plantea serias dudas sobre la legalidad y la transparencia de estas transacciones.

Como resultado de este expediente, se ha aprobado por unanimidad la propuesta de exigir responsabilidades judiciales para determinar los pagos sin justificar realizados por Axaragua. Esta decisión demuestra la gravedad del asunto y la determinación de la junta de la empresa de abordar estas presuntas irregularidades con la máxima seriedad.

La presentación del caso ante los tribunales es un paso significativo en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas. Es crucial que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de aquellos involucrados en estos pagos sin justificar y para garantizar que se apliquen las medidas adecuadas para prevenir futuros abusos.

En última instancia, este escándalo pone de relieve la importancia de mantener altos estándares de integridad y transparencia en la gestión de los recursos públicos, especialmente en organizaciones encargadas de servicios fundamentales para la comunidad. La confianza del público en estas instituciones depende de la capacidad de abordar de manera efectiva y transparente cualquier irregularidad que surja.



Vélez-Málaga, Málaga