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Alto cargo de Aznar se acogió a la amnistía de Montoro con cuentas en Suiza

Cristobal Montoro junto a José Manuel Fernández Norniella

José Manuel Fernández Norniella regularizó casi 1,9 millones de euros ocultos en dos cuentas suizas gracias a la amnistía fiscal de 2012 impulsada por el Gobierno de Rajoy

El exsecretario de Estado de Comercio con el Gobierno de José María Aznar, José Manuel Fernández Norniella, figura entre los altos cargos del Partido Popular que se beneficiaron de la amnistía fiscal de 2012 diseñada por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Según ha revelado el periodista Ernesto Ekaizer, Norniella regularizó fondos ocultos en dos cuentas bancarias en Suiza por un importe total de 1.882.100,00 euros.


Esta regularización fue posible gracias al Decreto Ley 12/2012, impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que permitía a personas físicas y jurídicas aflorar dinero no declarado pagando un tipo reducido del 10%, sin necesidad de aportar el origen de los fondos. El caso de Norniella vuelve a poner sobre la mesa la naturaleza de esa medida, que permitió blanquear capitales procedentes de paraísos fiscales sin consecuencias penales. Montoro llamó a Rajoy para explicar su versión del caso “Equipo Económico”

En el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, José Manuel Fernández Norniella —miembro del equipo directivo y figura cercana a Rodrigo Rato— intentó desmarcarse de cualquier responsabilidad en la gestión de la entidad. Durante su segunda jornada de declaración en la Audiencia Nacional, aseguró no haber estado al tanto de los factores que precipitaron la crisis de la entidad, y no pudo dar razones claras sobre la falta de advertencias en el folleto informativo dirigido a los inversores.

Norniella trasladó el peso de las decisiones a los organismos reguladores. Si en su primera intervención apuntó al Banco de España por haber dado luz verde a la operación, en esta ocasión dirigió su defensa hacia la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Según su versión, si la CNMV consideró que la información contenida en el folleto era adecuada, él no se sentía capacitado para cuestionar ese criterio.

El fiscal Alejandro Luzón, sin embargo, subrayó que dicho documento omitía datos relevantes sobre la situación real de Bankia, lo que resulta central en la acusación de fraude a los inversores. Preguntado por qué se incluyeron menciones vagas sobre riesgos sin detallar los problemas específicos que ya se conocían, Norniella evitó responder con precisión. En un momento de su testimonio incluso justificó sus lagunas argumentando su edad y el tiempo transcurrido desde los hechos.

Uno de los episodios más controvertidos que salió a la luz fue la presentación de las cuentas de 2011 sin el informe de auditoría ante la CNMV, algo muy poco habitual. A este respecto, Norniella declaró que no le sorprendió, ya que nadie le informó de que existiera algún problema. Este hecho, ocurrido en abril de 2012, fue determinante para sembrar dudas sobre la situación financiera de Bankia, que acabaría siendo rescatada por el Estado semanas después.

Paralelamente, el propio Cristóbal Montoro ha sido protagonista en las últimas semanas por el conocido como caso “Equipo Económico de Montoro”, centrado en las presuntas operaciones de tráfico de influencias y venta de leyes a medida para empresas del sector energético, gasistico entre otroas ramificaciones empresariales bajo investigación.

Según informa Ernesto Ekaizer, cuando estalló el escándalo, Montoro llamó personalmente a Mariano Rajoy para explicarle su “versión reservada” sobre el caso. En esa conversación telefónica, el exministro le habría asegurado que “no cobró ni un euro” de las empresas gasistas u otras compañías privadas a cambio de las leyes favorables que desde su Ministerio salieron adelante, muchas de ellas redactadas por el despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro antes de volver al Gobierno.

De acuerdo con Ekaizer, Montoro transmitió a Rajoy que esas normas fueron elaboradas por su antiguo bufete, pero que él no se benefició económicamente. Incluso se afirma que Montoro hizo firmar a Rajoy los textos para su envío al Congreso, buscando blindarse ante cualquier futura acusación de responsabilidad directa. Corrupción institucional y “venta de leyes”: las sospechas que cercan a Montoro

El escándalo del caso Equipo Económico no es menor. Tal como ha revelado eldiario.es, durante su etapa en el poder, el despacho cofundado por Montoro —y dirigido después por sus antiguos socios y subordinados— intervino en la redacción de normas fiscales y energéticas que luego eran aprobadas oficialmente por el Gobierno. Empresas clientes del bufete habrían recibido beneficios concretos de esas reformas legislativas.

El modus operandi que investiga la Fiscalía incluye la posible venta encubierta de legislación a medida, algo que comprometería no solo a los abogados del despacho, sino a funcionarios y altos cargos del Ministerio de Hacienda que habrían participado en el proceso normativo.

Equipo Económico, cuya facturación creció de forma acelerada entre 2012 y 2016, asesoró a grupos del sector gasístico, entre otros. Algunos de esos grupos, según las pesquisas periodísticas, habrían contratado sus servicios justo antes de que se aprobaran leyes que les otorgaban ventajas fiscales y regulatorias, lo que apunta a un circuito de conflicto de intereses. La amnistía fiscal como tapadera del sistema

El caso de José Manuel Fernández Norniella se suma así a una larga lista de personalidades que, bajo el paraguas de la amnistía fiscal, legalizaron patrimonios millonarios ocultos en el extranjero sin rendir cuentas ante la justicia. La Ley de Amnistía —declarada parcialmente inconstitucional en 2017 por el Tribunal Constitucional— ha sido objeto de duras críticas por parte de expertos fiscales, jueces y organismos internacionales por su falta de transparencia, control y carácter regresivo.

Aunque el Gobierno Rajoy siempre defendió su aplicación como una medida “extraordinaria” para hacer aflorar capitales y aumentar ingresos públicos, los hechos posteriores, junto a las investigaciones en curso sobre el exministro Montoro, ponen en cuestión la ética y la legalidad de aquel plan de regularización, del que ahora siguen emergiendo nombres clave.
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